*Por: Alfredo Varela

Desde su creación en 2021, la E.S.E. Universitaria del Atlántico (UNA) integró en una sola estructura la red hospitalaria departamental, tras la liquidación de antiguos hospitales. Sin embargo, esta consolidación se acompañó de una serie de contratos de provisión de servicios por cerca de un billón de pesos, pactados con operadores privados hasta el año 2037, cuyas condiciones han resultado financieramente desfavorables para prestar un buen servicio al Atlántico.

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En términos generales, la UNA se sostiene mediante ingresos por venta de servicios, transferencias del Gobierno nacional y recursos del orden departamental. Para 2024, reportó ingresos por $130.384 millones, pero generar esos servicios costó $125.515 millones. El margen operacional fue apenas de $4.869 millones: por cada $100 facturados, la E.S.E. retuvo solo $3,73, mientras que los $96,27 restantes quedaron en manos de terceros contratistas.

A esto se suman los gastos de administración y operación, que ascendieron a $24.429 millones, arrojando como resultado un déficit operativo de $21.663 millones. Incluso sumando los $4.393 millones transferidos por el Gobierno nacional —que se redujeron en un 91,10 % respecto al año anterior— los ingresos no alcanzan a cubrir el funcionamiento básico del sistema.

Más crítico aún son las cuentas por pagar, que ascienden a $108.421 millones, superando el patrimonio total de la entidad, de $93.068 millones. Esta situación revela una pérdida de solidez financiera que podría agravarse en los próximos años si no se interviene con urgencia.

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Finalmente, el modelo financiero actual de la UNA evidencia una dependencia excesiva de operadores privados que capturan la mayor parte del ingreso, mientras trasladan el peso del déficit a las finanzas públicas del Atlántico.

Este desequilibrio no solo compromete el erario departamental, sino que inevitablemente desencadenará una crisis en la prestación del servicio de salud que afectará gravemente la calidad de vida de miles de atlanticenses.